Caesars Entertainment Corp. (CEC) podría enfrentarse a un pago de hasta $5,100 millones por daños relacionados con una serie de operaciones corporativas que se produjeron en su principal unidad operativa conforme el Capítulo 11 de protección de bancarrota. Eso fue lo que dijo el martes un investigador independiente tras la publicación de los resultados de una investigación de un año sobre el caso de deuda de $18,000 millones que pesa sobre este, uno de los operadores de juego más grandes del mundo.
El ex investigador Watergate Richard Davis y un equipo de abogados fueron nombrados el año pasado para examinar más de 8 millones de páginas de documentos y entrevistar a 92 personas en relación al caso de bancarrota de Caesars Entertainment Operating Company (CEOC).
Después de una investigación de más de un año de duración, el Sr. Davis y sus colegas descubrieron que Caesars, propiedad de Apollo Global Management y TPG Capital, dispone de propiedades de primera aun declarando a la compañía incapaz de pagar una deuda enorme.
La investigación se inició el año pasado, después de que un grupo de acreedores junior, dirigidos por Appaloosa Management, afirmó que CEOC, conocida por ser la principal unidad operacional de Caesars, había sido privada de algunas de sus mejores propiedades. Hecho que benefició a la compañía de juego y a sus propietarios.
El Sr. Davis comentó en su sumario de 80 páginas sobre el caso que este gran operador podría enfrentarse a un pago de entre $3,600 millones y $5,100 millones de dólares por daños y perjuicios por la disposición fraudulenta de activos y la violación de los deberes fiduciarios en contra de los representantes de ambas CEOC y CEC. Parece que también se han registrado reclamaciones por violaciones fiduciarias contra Apolo y TPG.
El investigador independiente además descubrió que a finales de 2012, Apolo y TPG introdujeron una estrategia dirigida a reforzar su posición en el caso de bancarrota de CEC y CEOC. El Sr. Davis reveló que había pruebas de que CEOC ha sido insolvente desde el año 2008. En ese caso, los administradores deberían de haber tenido que actuar en nombre de acreedores y accionistas con el fin de abordar la cuestión de una forma correcta.
Al comentar los resultados del investigador, la CEOC dijo que ahora centrarán su atención en su reaparición y que trabajan para presentar a corto plazo un plan actualizado de reorganización. Además, la compañía le pedirá al tribunal que programe una declaración así como confirmar las audiencias.
En un comunicado diferente, la CEC afirmó que las transacciones que tuvieron lugar en los últimos años iban destinadas a beneficiar a la CEOC y a sus acreedores, en desacuerdo con las conclusiones del Sr. Davis. Apolo también argumentó que había actuado de buena fe y con la intención de ayudar «a la CEOC a fortalecer su estructura de capital«.
