La Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó a última hora del miércoles un proyecto de ley muy amplio sobre el juego que, si se firma y se convierte en ley en su forma actual, cambiará significativamente el panorama de la industria del juego del estado.
En términos generales, la pieza legislativa de 675 páginas legalizaría el juego online y los deportes diarios de fantasía, permitiría la adición de terminales de video juegos en instalaciones con licencias para vender bebidas alcohólicas y autorizaría el juego en tablets en algunos aeropuertos.
El proyecto de ley HB 271 fue enmendado por la cámara baja de la Legislatura y el miércoles fue votado a favor por el House Rules Committee (Comité de Reglas de la Cámara). El HB 271 recibió el visto bueno por parte de la Legislatura con un margen de 102-89. El proyecto de ley ahora debe ser revisado y votado por el Senado.
La votación a favor del miércoles se produjo quince días después de que el Senado aprobara su propio proyecto de ley sobre el juego. Los escritos de la Cámara y del Senado son muy similares en su naturaleza, ambos buscan una expansión masiva del juego en todo el estado. Sin embargo, las dos piezas abordan varios asuntos muy importantes desde una perspectiva completamente distinta y, este hecho podría suponer de forma eventual el principal escollo en la expansión del juego dentro del estado.
En primer lugar, las disposiciones VGT del proyecto de ley de la Cámara probablemente será rebatido en el Senado. Bajo el HB 271, se añadirían alrededor de 40,000 máquinas de juego en estaciones de servicio de camiones, salones de apuestas off-track, boleras, bares y otros establecimientos con licencia para vender bebidas alcohólicas. En el proyecto de ley del Senado no se había incluido ninguna disposición VGT.
La otra diferencia sustancial entre las dos piezas legislativas es la forma de gravar el juego online, si finalmente se legaliza en el estado. Bajo el proyecto de ley de la Cámara, los operadores iGaming tendrían que pagar un impuesto del 16% y una tarifa de licencia inicial de $8 millones.
Por otro lado, el proyecto de ley del Senado, divide la oferta del juego online en dos categorías: tragaperras online y juegos de mesa y póquer online. Los operadores de juegos de casino online, tragaperras y juegos de mesa, se gravarían con un 54% sobre los ingresos. A los operadores de póquer online se les impondría una tasa del 16% de impuestos. La solicitud de una licencia de casino les costaría $5 millones a las compañías interesadas $5 millones. Lo mismo ocurre con los solicitantes de licencias de póquer online.
A pesar de estas discrepancias significativas, las dos piezas legislativas son bastante similares en el resto de disposiciones. Ambos ofrecen una solución al asunto del reparto local de impuestos que surgió el año pasado cuando la Corte Suprema de Pensilvania anuló la ley que durante años obligaba a los casinos a realizar pagos a los municipios y condados de acogida.
Bajo el proyecto de ley de la Cámara, los casinos tendrían que pagar al condado de acogida el 2% de los ingresos anuales de sus máquinas tragaperras y una cantidad anual de $10 millones al municipio anfitrión. El casino SugarHouse de Filadelfia y otros complejos de casinos de menor escala del estado serían gravados de manera diferente, tendrían que contribuir con el 2% tanto a su condado anfitrión como al municipio.
Otras disposiciones que el Senado y el proyecto de ley de la Cámara comparten son, la legalización de la venta de lotería online, la adición de juegos en tablets en algunos aeropuertos de Pennsylvania y la oportunidad para que los operadores de casino del estado puedan solicitar una licencia de apuestas deportivas. Claro, todo esto, si finalmente se levanta la prohibición federal sobre las apuestas deportivas.
Al presentar el HB 271, los legisladores de la Cámara dijeron que el proyecto de ley debía ser percibido como un complemento a la propuesta del Senado, que este pretende generar más ingresos para las arcas del estado. Según el proyecto de ley del Senado, se estima que Pennsylvania recibiría entre $109 y $147 millones. Si la versión de la Cámara es aprobada en su forma actual, se espera que la industria del juego del estado contribuya a los presupuestos estatales con unos necesarios $250-$300 millones.
